Las fumigaciones aéreas de plaguicidas sobre arrozales españoles, 9 en los últimos 7 años, son ilegales según el Defensor del Pueblo.
Fumigaciones aéreas de plaguicidas
Las fumigaciones aéreas de plaguicidas, desde avionetas o helicópteros por ejemplo, están explícitamente prohibidas por la ley europea y española. Solo permite excepciones si los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable.
A pesar de esta prohibición, más de 2 millones de hectáreas fueron tratadas en España por medio de fumigaciones aéreas de plaguicidas de 2015 a 2020.
Andalucía es la Comunidad Autónoma que más fumigaciones aéreas de plaguicidas autoriza, seguida de Extremadura y Cataluña.
Aunque algunas comunidades, como Andalucía o la Comunidad Valenciana han reducido la superficie fumigada en el último año con datos (2020) otras comunidades como Extremadura, Cataluña o Murcia aumentaron los terrenos tratados con plaguicidas desde el aire, a pesar de la prohibición general tanto europea como española a las fumigaciones aéreas de plaguicidas.
Doble autorización excepcional
Son las Comunidades Autónomas quienes pueden dar una autorización excepcional (también conocida como derogación de emergencia) para que un plaguicida se disperse por medios aéreos, pero sólo si el método aéreo tiene «claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable» y solo a plaguicidas que previamente tienen autorización para este método de aplicación.
En los casos en que se desee fumigar un plaguicida que no tiene autorización previa para este método concreto de aplicación, se requiere, además de la autorización excepcional de la Comunidad Autónoma, una segunda autorización excepcional, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La razón es obvia: dispersar una sustancia tóxica desde metros de altura tiene riesgos extra a la aplicación desde el suelo, como que el viento arrastre el tóxico, lo que puede afectar a la población cercana. Este método de aplicación también afecta a una superficie mayor de ecosistemas. Por eso, antes de poner un plaguicida en el mercado, su fabricante debe demostrar que la sustancia es suficientemente segura para ser empleada en fumigación aérea.
A pesar de que esta doble autorización excepcional supone el incumplimiento de 3 normas españolas, ha sido la forma de actuación habitual de los organismos competentes durante años, empleando de forma fraudulenta la herramienta legal que son las autorizaciones excepcionales.
Fumigaciones aéreas de plaguicidas sobre arroz
En España se han fumigado con plaguicidas un total de 234.000 hectáreas de arrozales en los últimos 5 años.
Así lo demuestra el informe “Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales” que analiza la legislación que han incumplido las fumigaciones aéreas de plaguicidas sobre arrozales españoles durante los últimos años.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, a 2022, último año del que se dispone de datos, éstas son las hectáreas de cultivo de arroz en las que se fumigó por aplicación área cada año en España:
Durante los últimos siete años, se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas empleados en el cultivo del arroz. 9 de ellas se otorgaron para fumigaciones aéreas de plaguicidas.
Estas cifras demuestran que las autorizaciones a fumigaciones aéreas de plaguicidas, lejos de ser excepcionales, fueron repetidas y rutinarias.
Si atendemos a las razones esgrimidas para solicitar las autorizaciones a fumigaciones aéreas de plaguicidas, ninguna cumple el requisito de que la dispersión desde el aire suponga un beneficio para la salud o el medio ambiente. Tampoco que sea la única opción posible. Al contrario, las razones (a las que Ecologistas en Acción ha tenido acceso por petición a las Comunidades Autónomas) han sido puramente económicas y de comodidad.
Por último, se permitieron fumigaciones aéreas de plaguicidas sobre espacios naturales protegidos sin realizar ningún estudio de evaluación de su impacto ambiental.
Denuncia al Defensor del Pueblo
En 2021, Ecologistas en Acción solicitó al Defensor del Pueblo que estudiase la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En marzo de 2024, el Defensor del Pueblo publicó su opinión, en la que solicita el cese de estas autorizaciones, que declaró ilegales, así como todas las que se hagan en el futuro.
El Defensor también constata que las autorizaciones al método aéreo se otorgaron de forma sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones y sin transparencia por parte de las Comunidades Autónomas.
La opinión del Defensor del Pueblo no es vinculante, solo una recomendación que el Ministerio de Agricultura debería seguir, especialmente cuando es posible cultivar arroz sin aplicar plaguicidas, como demuestran las 1.300 hectáreas dedicadas en España a la producción ecológica del arroz.
Cultivar arroz sin plaguicidas es posible
España produce anualmente aproximadamente 617.180 toneladas de arroz con cáscara en más 86.680 hectáreas. La principal área productora es la Comunidad Autónoma de Andalucía seguida de Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón.
Estos datos informan de que el cultivo del arroz sin uso de plaguicidas es posible. Así lo determina también la experiencia de los productores que apuestan por el cultivo de arroz libre de pesticidas, al que las fumigaciones aéreas de tóxicos también afectan ya que pueden contaminar su arroz.
Aquí lo explica perfectamente Juan Carlos Cirera, agricultor ecológico en el delta del Ebro (Riet Vell):
La ciencia apoya el trabajo realizado desde hace años por las y los arroceros que no emplean plaguicidas.
No a la importación de arroz con plaguicidas prohibidos
Los plaguicidas no autorizados no deben encontrarse ni en nuestro arroz, ni en el arroz importado.
El Ministerio de Agricultura debe hacer lo posible para oponerse a la competencia desleal que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos en España.
Además, los alimentos de terceros países con plaguicidas prohibidos expone a la población a tóxicos prohibidos por su peligrosidad y externalizan la contaminación a otros puntos del planeta.