Cada año, nuestros campos de fresas se rocían con una sustancia no autorizada en Europa por su toxicidad y que, aun así, fue el 4º pesticida más vendido en España en 2018. ¿Cómo llega un pesticida cancerígeno no autorizado a nuestros cultivos? ¿Es legal? ¿Cómo lo evitamos?
Desvelamos una de las investigaciones llevadas a cabo por el área de tóxicos ambientales de Ecologistas en Acción durante el 2020.
Plaguicida 1,3 dicloropropeno
El pesticida en cuestión es el 1,3 dicloropropeno, cuya sustancia activa no está autorizada en la Unión Europea por constituir un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
Es un nematicida (mata gusanos) que se utiliza en las explotaciones agrarias intensivas para desinfectar el suelo de una amplia variedad de cultivos. Se inyecta en el suelo o se riega por goteo en presiembra o en preplantación. Así, el suelo de estas huertas se convierte es un erial desprovisto de vida y sin fauna auxiliar.
En 2019, España permitió su uso para cultivos de fresas, tomate, pimiento, melón, alcachofa, brócoli y lechuga, entre otros muchos.
Estas son las provincias que permitieron el uso del 1,3 dicloropropeno en 2019.
Toxicidad del 1,3 dicloropropeno
El 1,3 dicloropropeno supone, en primer lugar, un peligro para las personas que trabajan con él o viven cerca de los huertos en los que se utiliza. Puede ser mortal si se ingiere o entra en las vías respiratorias.
También pequeñas cantidades de este tóxico pueden llegar hasta la población general en los alimentos antes mencionados. Algo peligroso, al ser un tóxico catalogado como posible carcinogénico en humanos por la Agencia para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS.
Además, es letal para los ecosistemas ya que es muy tóxica para la vida acuática. Este tipo de pesticidas se lixivian y vaporizan con mucha facilidad, por lo que el riesgo de daño a la biodiversidad es muy elevado.
Por todo esto, Ecologistas en Acción junto a otras organizaciones ha escrito una carta al Ministro Planas, pidiendo al Ministerio que no apoye el enésimo intento de volver a autorizar esta sustancia.
Esta carta también pretende frenar al Ministerio que quiere pedir la reautorización de este tóxico en Europa, a pesar que los informes de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) son demoledores en contra de esa posibilidad.
Incumplimiento legal del Ministerio
Cada año, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación permite el uso del 1,3 dicloropropeno a todas las Comunidades Autónomas que lo solicitan por medio del uso fraudulento de una herramienta legal denominada Autorización Excepcional.
Las autorizaciones excepcionales son eso, excepcionales. Permiten el uso de sustancias no autorizadas solo para casos excepcionales de plagas. Para que se puedan emplear estas autorizaciones, debe haber una serie de análisis y requerimientos y, quizá lo más importante, debe demostrarse que no existe otra forma de hacer frente a la plaga en cuestión.
Pero la investigación llevada a cabo por Ecologistas en Acción ha detectado que el Ministerio lleva años otorgando estos permisos de uso sin solicitar análisis previos e incluso antes de que se haya podido producir ninguna plaga. Esta forma de actuar no solo contamina gravemente sino que no permite el desarrollo de técnicas alternativas.
La falta de rigor a la hora de otorgar permisos a pesticidas explica cómo el 1,3 dicloropropeno fue el cuarto plaguicida más vendido en España en 2018. O cómo recientemente, la policía francesa ha denunciado el uso ilegal de unas 80 toneladas del 1,3 dicloropropeno de origen español en una región francesa y hayan decomisado 23 toneladas del mismo.