Hoy estaba previsto que el Parlamento Europeo votase una resolución sobre el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la UE (TTIP) en la que se establecerían los límites que la Comisión Europea no debe sobrepasar durante las negociaciones con la delegación de EEUU. Sin embargo, la fuerte presión social contra el TTIP y la división entre los eurodiputados ha llevado a suspender la votación el día anterior ante el temor de que el texto fuera rechazado.
Uno de los aspectos del TTIP que más polémica ha suscitado es el sistema de arbitraje que propone para solucionar litigios entre empresas y estados (ISDS: Investor-State Dispute Settlement). Un sistema ajeno a los tribunales de justicia y que permitiría a las empresas exigir compensaciones multimillonarias por proyectos que no hayan podido llevar a cabo debido, entre otras causas, a modificaciones en la normativa medioambiental. Más de 2 millones de personas han firmado en contra de esta propuesta.
Otro aspecto muy polémico, aunque menos conocido, son los intentos de paralizar la regulación europea de los alteradores hormonales mediante este tratado.
El TTIP pretende eliminar las barreras técnicas al comercio entre las dos regiones. Según la industria química, de plaguicidas y de cosméticos, entre estas “barreras” se encuentran las leyes medioambientales y sanitarias (que son más exigentes en Europa) y, entre ellas, la regulación de los alteradores hormonales.
El gobierno de EEUU incluyó desde el inicio de las negociaciones el freno a la regulación de los alteradores hormonales y ha estado presionando constantemente contra cualquier avance de la normativa. Sus presiones, junto a las de la industria química europea, han conseguido que la Comisión Europea haya retrasado la aprobación de los criterios de identificación de los disruptores endocrinos hasta que se conozcan los resultados de un estudio de impacto socioeconómico, según ha desvelado un informe de Corporate Europe Observatory. La publicación de estos criterios es imprescindible para poder aplicar la normativa que prohíbe el uso de alteradores hormonales en plaguicidas y biocidas.
El Gobierno de EEUU ha solicitado a Europa, en la consulta pública del estudio de impacto socioeconómico, que “garantice que el comercio mundial no sea alterado innecesariamente” por la regulación de estas sustancias, contraria, según ellos, al objetivo principal del TTIP.
Hace unas semanas las principales organizaciones ecologistas europeas enviaron una carta al Parlamento Europeo volviendo a pedir que se excluya la regulación de las sustancias químicas del ámbito del tratado. La protección de la salud debe estar por delante de la protección de los beneficios de las empresas.