El control de plaguicidas y PFAS en el agua debe hacerse ya, no en 2039

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La Unión Europea propone retrasar hasta 2039 el control de pesticidas, PFAS y otras sustancias peligrosas en el agua.

El control de tóxicos peligrosos debe hacerse ya

Tóxicos peligrosos como plaguicidas, PFAS (compuestos perfluorados y poliflurorados conocidos como “tóxicos para siempre” por su alta persistencia y carácter bioacumulativo) y diversos productos farmacéuticos contaminan dos tercios de los cursos de agua de toda Europa.

Son tóxicos «emergentes» que, a pesar de llevar mucho tiempo presentes en las aguas, han escapado al control oficial sin que se hayan tomado medidas adecuadas contra ellos.

La Comisión Europea propuso en 2022 límites para el control estas sustancias en sus propuestas de calidad de las aguas, que los Estados deberían trasladar a sus planes hidrológicos de cuenca.

Sin embargo, los estados miembros, reunidos en el Consejo, proponen retrasar este control hasta 2039. Hasta entonces, los Estados solo estarían obligados a monitorizar su presencia en las aguas.

Consecuencias de retrasar el control de estos tóxicos

Retrasar el control de estas sustancias nocivas es inadmisible. Primero, por los daños que pueden causar a los ecosistemas. Por citar solo uno de los múltiples formas en que pueden dañar a la naturaleza, está demostrado que plaguicidas, PFAS y productos farmacéuticos disruptores endocrinos llevan décadas afectando a la fauna silvestre.

Pero también pueden afectar a la salud humana si acaban en el agua potable. Esto ocurre con los PFAS, que pueden atravesar los sistemas de depuración y de tratamiento del agua potable y llegar a nuestros grifos. O con los plaguicidas, que se detectan en el agua potable española, según datos del Ministerio de Sanidad.

Un buen ejemplo de que estos contaminantes llegan al agua de grifo es el ácido trifluoroacético (TFA), un tóxico para la reproducción que se forma por degradación de plaguicidas PFAS y que se detecta en el agua potable de toda Europa.

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Retrasar más de una década el control de estas sustancias nocivas en las aguas atenta contra la salud pública.

Qué puede hacer España

Las organizaciones Hogar sin Tóxicos y Ecologistas en Acción están intentando que España actúa en defensa de la calidad de las aguas e incluya este control en los Planes de Cuenca Hidrográfica. Para ello, han escrito esta carta al Ministerio de Transición Ecológica, cuya representante estará en las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento (el trílogo) y han denunciado ante los medios de comunicación la intención de la Unión Europea de retrasar el control de estos contaminantes.

Es necesario el control de más sustancias

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, dos tercios de las aguas de la UE están contaminadas. Pero el porcentaje de contaminación es mayor porque solo se está teniendo en cuenta un listado de contaminantes limitado y desactualizado.

Para hacernos una idea, de las más de 500 sustancias nocivas que contaminan los cursos de agua de Europa según el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental, la Unión Europea solo se evalúa 45 en las aguas superficiales, mientras que para las aguas subterráneas, los pesticidas y nitratos tienen estándares de calidad a nivel de la UE.

Es decir, el control de gran parte de las sustancias tóxicas que realmente están presentes en las aguas no se realiza.

Es imprescindible que se incremente el número de compuestos que se evalúan. Además, deben ser listados actualizados: la UE incumple su obligación de ir actualizando las normas cada seis años, incorporando nuevas sustancias prioritarias.

Por si fuera poco, al actualizar las sustancias que deben controlar, diferentes países están presionando para rebajar los criterios para que una masa de agua se considere en buen estado. Así, permitirían que ríos y acuíferos que se están contaminados se consideraran como «no contaminados» solo por cuestiones de imagen.

Todo parece indicar que a mediados de julio volverán las negociaciones del trílogo que definirán la salud de nuestros ecosistemas y cuerpos.

El estado de contaminación actual de las aguas es tan preocupante que España debe presionar para que se actúe cuanto antes, sin permitir que el control se retrase diez años.

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