España podría eliminar hoy el 70% del glifosato

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España podría eliminar ya el 70% del glifosato y el Ministerio de Agricultura no se opone. 

Lo ideal sería que España prohibiera completamente el glifosato por la evidencia científica que muestra los daños a ecosistemas y salud. Pero Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones, propone un paso previo: prohibir los herbicidas a base de glifosato en usos no agrícolas, algo a lo que la normativa europea obliga y que supondría la reducción del 70% del total del tóxico empleado, según fuentes del Ministerio de Agricultura.

Usos no agrícolas del glifosato

Ya ha pasado un año desde la reautorización en la Unión Europea del herbicida glifosato por 10 años más, en la que España apoyó la continuidad del tóxico.

Ahora, España puede reducir de forma sencilla el 70% del total de glifosato que contamina la naturaleza con solo cumplir la normativa que reautorizó el herbicida, el Reglamento 2023/2660, que insta a los estados miembros a que «reduzcan al máximo o prohíban los usos no agrícolas del glifosato en zonas sensibles».

¿Cuáles son los usos no agrícolas a los que se refiere? Según el propio Reglamento, son las aplicaciones de herbicidas a base de glifosato en parques y jardines públicos, campos de deporte y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria.

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Según estimaciones no oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta un 70% del empleo de herbicidas a base de glifosato se debería a usos no agrícolas. El Ministerio de Agricultura también informó verbalmente de que el máximo usuario de glifosato es Adif, administrador de vías ferroviarias, que podrían «limpiarse» con otros métodos alternativos.

España podría hacer uso de sus competencias y prohibir ya los herbicidas a base de glifosato empleados en usos no agrícolas, algo que ya han hecho países de la Unión Europea, como Bulgaria.

Un 70% menos de glifosato

Las ventas de glifosato en España en el año 2021 fueron de 11.418.239 kilogramos según datos oficiales, por debajo de las 13.000 del año anterior (2020).

Rebajar un 70% el uso de glifosato supondría 8.000 toneladas menos del tóxico vertidas a los ecosistemas y a nuestros cuerpos.

La reducción en ocho millones de kilogramos de una sustancia tóxica para los ecosistemas acuáticos, que daña la salud del suelodaña a la biodiversidad sería una gran noticia para la naturaleza.

También sería una gran noticia para la salud humana, ya que el glifosato afecta a la microbiota intestinal y es un disruptor endocrino que afecta a la duración del embarazo humano y puede generar malformaciones en el feto.

También lo catalogó como cancerígeno la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer IARC, evaluación que ha sido confirmada por el instituto público de salud francés INSERM. El INSERM también ratifica la evaluación sobre toxicidad del glifosato para el ADN.

Los estudios más recientes no paran de arrojar evidencia sobre el peligro que supone el glifosato, por ejemplo con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Un reciente estudio del Instituto Ramazzini ve relación entre el uso de bajas dosis de herbicidas a base de glifosato y la aparición precoz de leucemia o cáncer de la sangre.

¿Por qué no prohíbe España ya el 70% de glifosato?

En una reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por Ecologistas en Acción y otras organizaciones para tratar la reducción de los usos no agrícolas del glifosato, el ministerio comunicó que no se opondría a una prohibición de productos a base de glifosato para usos no agrarios.

La única condición que puso el Ministerio de Agricultura fue que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitara dicha prohibición. Por desgracia, a la carta enviada por las ONGs al MITERD pidiendo que iniciara el proceso, el ministerio ambiental devuelve la pelota a Agricultura, demostrando que o ignoran o desatienden su competencia compartida.

Más allá de los líos de competencias, hay un hecho claro: que un plaguicida esté autorizado no obliga a las administraciones públicas a usarlo.

Las toneladas de glifosato utilizadas por las administraciones en usos no agrícolas son responsables de la contaminación del medio ambiente y pueden afectar a la salud pública. Estas razones son más que suficientes para dejar este uso.

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