Las Administraciones dejan sin agua los asentamientos de trabajadoras y trabajadores de los frutos rojos en Andalucía, según denuncia Ecologistas en Acción y otras organizaciones.
25 años de asentamientos
Solo en Huelva existen unos 40 asentamientos, en los que llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de la campaña de recogida de la fresa que va de enero a junio.
Ecologistas en Acción denuncia que en torno a mil de esas temporeras y temporeros han pasado el verano sin agua en estos asentamientos de chabolas.
Los asentamientos aparecieron hace más de 25 años, cuando el «boom» de los frutos rojos hizo aumentar la demanda de mano de obra para su cultivo. Nadie pensó (ni reguló, en lo que compete a las autoridades) en dónde vivirían estas trabajadoras.
En la actualidad, las condiciones de los asentamientos atentan contra la salud y vida de sus habitantes: incendios habituales, basura, roedores y kilómetros hasta el centro de salud más cercano son el día a día al que les obliga la inacción de las autoridades.
Basura sin recoger en el asentamiento el «Bosque 2», Lucena del Puerto, Huelva
Dejan sin agua a mil trabajadoras
Para empeorar la situación, en verano, no tienen agua potable, como denuncian cuarenta colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos de la zona, que han solicitado a las Administraciones públicas que creen un corredor de emergencia para garantizar, como mínimo, el agua potable y la recogida de basura en los asentamientos.
Dichas organizaciones sociales han difundido este vídeo donde muestran la realidad de los asentamientos de Doñana y Lepe:
La inacción de las administraciones no solo atenta contra la salud de esas personas, que recordemos, son las mismas personas que permiten que cuando vamos al supermercado encontremos fresas y otros cultivos en las estanterías. Esta inacción también atenta contra la naturaleza, ya que no se gestionen los residuos como basuras o fecales.
Hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción para revertir esta situación. Solo asociaciones como La Carpa, con personas voluntarias, están ayudando a mejorar esta emergencia. Esta asociación, como se muestra en el video anterior, ha repartido este verano más de 10.000 litros de agua embotellada en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe.
Entrega de agua potable por parte de la asociación La Carpa
Racismo institucional
Las organizaciones sociales y ambientales denuncian el racismo institucional a las administraciones que dejan sin agua los asentamientos.
El trato racista, según las organizaciones sociales, parte de administraciones locales, autonómicas y estatales que deberían empadronar y regularizar a las trabajadoras, necesarias para generar los beneficios de la venta de frutos rojos.
Pero los alcaldes de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto no solo dejan sin agua a seres humanos, tampoco les atienden en situaciones de emergencia, como en los incendios. “Solo desde el racismo institucional, se puede comprender esta actitud de desidia y negativa a buscar soluciones”, afirman desde Ecologistas en Acción.
También afectadas por los plaguicidas
Las trabajadoras que cultivan y recogen los frutos rojos también están afectadas por los plaguicidas que, de forma rutinaria, se aplican en los campos, bien para «limpiar» la tierra antes de plantar (eufemismo de aniquilar todo ser vivo del suelo), o como tratamientos posteriores.
Muchas de las temporeras comentan que sufren enfermedades respiratorias fruto de la exposición a sustancias irritantes sin ningún tipo de medida de protección.
Sus testimonios podrán escucharse en el documental «La voz del invernadero», que Ecologistas en Acción presentará el próximo 18 de septiembre (y accesible en Youtube).
Presentación y debate en Madrid, entrada libre