Imagen de Santi Donaire: proyecto «Hasta que la tierra aguante»
Estas semanas, la UE fijará el futuro del campo y de lo que comes votando cómo y dónde se podrán emplear plaguicidas (a través del Reglamento de Uso de Plaguicidas).
Voto en «ENVI»
El 24 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo votó la propuesta sobre el Reglamento sobre el uso sostenible de los plaguicidas (SUR). (Ver nota de prensa del Parlamento)
El texto aprobado gracias al apoyo de 47 parlamentarios, con 37 votos en contra y dos abstenciones, mantiene las definiciones y objetivos de reducción vinculantes sobre la gestión integrada de plagas y normas específicas para cada cultivo, de modo que los agricultores están obligados a adoptar de forma prioritaria métodos preventivos y no químicos. Esto figura en la directiva sobre uso sostenible desde 2009 y ahora debería por fin ponerse en práctica.
También recoge una mejora en el objetivo de reducción de plaguicidas más peligrosos, que sube a un 65% desde el 50% inicial. Otra buena noticia es el nuevo artículo que prohíbe la producción, almacenamiento, circulación dentro de la UE y exportación a terceros países de sustancias activas y plaguicidas prohibidos en Europa, lo que de aprobarse definitivamente supondrá el fin de la hipocresía regulatoria de la Unión Europea y su doble rasero en materia de plaguicidas.
Lamentablemente, el texto aún contiene sombras. Un ejemplo es que en las zonas sensibles por su biodiversidad, mientras que la Comisión proponía una prohibición total de los plaguicidas, el texto autoriza los productos de biocontrol y de agricultura ecológica. Pero más peligroso es que permite que cada estado pueda dar autorizaciones excepcionales al uso de plaguicidas peligrosos en esas zonas. La realidad española demuestra que los estados no hacen buen uso de estas autorizaciones y las emplean como una herramienta para aplicar plaguicidas prohibidos.
Las organizaciones ecologistas tampoco ven con buenos ojos el indicador elegido para hacer seguimiento de la reducción de plaguicidas. El texto sigue manteniendo el indicador de riesgo armonizado conocido como HRI, criticado en el estudio «Mochila tóxica». Entre otros defectos, el estudio muestra que el HRI es engañoso porque puede dar como resultado una importante mejora aunque el consumo de plaguicidas aumente. Un indicador así pone en peligro el objetivo de reducción del reglamento.
Trabas a la reducción de plaguicidas
El acuerdo de los partidos de izquierda y de centro del Parlamento Europeo ha frenado los intentos de los partidos de derecha de frenar el objetivo de la propuesta de la Comisión Europea de crear un reglamento que sea una herramienta eficaz de reducción del uso de los pesticidas.
La razón a la oposición de los representantes de la derecha podría entenderse gracias a una reciente investigación de DeSmog. Según dicha investigación, los eurodiputados que se han opuesto a un reglamento SUR eficaz han estado en contacto constante con grupos de presión de la industria agroquímica y se han hecho eco exactamente de las mismas afirmaciones.
Los profundos vínculos entre las grandes empresas agrícolas y un grupo de eurodiputados se ven claramente en este mapa:
Entra en el mapa para ver los vínculos individualizados
Por suerte, el firme compromiso de decenas de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Ecologistas en Acción, contribuyó a que el reglamento continuase avanzando.
Esta votación es un paso más hasta llegar al texto que se debatirá en el pleno del Parlamento Europeo del 21 de noviembre, con votación prevista para el 22 de noviembre. Después, vendrá el diálogo tripartito con la Comisión y los Estados miembros de la UE. Así que aún pueden introducirse más (e incluso peores) cambios.
El lamentable voto del PSOE español en AGRI
El texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente ha supuesto un importante alivio tras el decepcionante voto de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (AGRI). Con el apoyo de los parlamentarios socialistas españoles, AGRI votó la supresión del artículo 43 de la propuesta, que prevé que dinero de la Política Agraria Común (PAC) vaya destinado a que los agricultores cumplan los requisitos del reglamento durante un período de transición de cinco años.
Gracias a este voto, el dinero público de la PAC no se empleará en ayudar a los agricultores a reducir los pesticidas y cambiar a prácticas que mantengan y restablezcan los bienes comunes y el funcionamiento de los ecosistemas. Como afirmó Francesco Vanni (OCDE):
“La PAC no es sólo un montón de dinero, es una herramienta para implementar las regulaciones que ya existen”.
Hay mucho en juego: el reglamento podría tener impactos positivos de gran alcance en la salud de los habitantes y agricultores, el funcionamiento de los ecosistemas y la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas.