La Comisión Europea realiza una extensión de 18 meses del permiso de uso del glifosato sin el apoyo de los estados miembro y frente a la oposición de la población.
A pesar de que la Comisión ha presentado propuestas para la renovación del herbicida en los tres últimos Comités de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos e incluso ha intentado conseguir su aprobación en un Comité de Apelación, los estados miembro no se han atrevido a votar a favor del glifosato ante la gran oposición y preocupación que genera en la población europea este pesticida probable cancerígeno según la Agencia Internacional de Estudios para el Cáncer (IARC) y disruptor endocrino.
El permiso del glifosato estará condicionado a la evaluación que realice la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), a finales de 2017, sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente del herbicida.
La Comisión propone restricciones poco significativas al uso del herbicida: prohíbe el coadyuvante talowamina, que ya se encontraba en proceso de ser eliminado por la industria desde hace varios años, obliga a los estados miembro a reforzar el control antes de la cosecha y pide a los estados que minimicen el uso en zonas como parques públicos y áreas de juego, en lugar de prohibir su uso en estos lugares. Estas restricciones están muy alejadas de las que propuso en su momento el Parlamento Europeo para proteger la salud de la población.
El glifosato fue clasificado como “probable cancerígeno” en 2015 por la IARC y numerosos estudios evidencian su capacidad para alterar el sistema hormonal. Sin embargo, la EFSA, tras analizar los estudios de la propia pesticida, determinó que era poco probable que provocara cáncer.
Cabe mencionar que los estudios de la industria son confidenciales, con acceso restringido en salas de lectura. Además, organizaciones europeas como Pesticide Action Network han llevado a los tribunales a Monsanto y al Gobierno alemán por fraude en la elaboración de estos estudios.
Estamos asistiendo a un progresivo debilitamiento de la regulación de sustancias químicas en la Unión Europea desde el inicio de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Bajo las presiones de la industria, la Comisión está tratando de eliminar parte de la regulación de pesticidas, lo que hará imposible que el glifosato y otras sustancias tóxicas, como los contaminantes hormonales, puedan ser prohibidas en el futuro.
En Septiembre se someterán a votación los nuevos criterios para la regulación de los contaminantes hormonales, tóxicos con graves efectos para la salud y el medio ambiente. Los criterios de la propuesta de la Comisión son tan restrictivos a la hora de considerar qué es un disruptor endocrino que, en la práctica, sólo se aplicarán a dos decenas de los miles de sustancias industriales que pueden dañar al sistema hormonal.
Como demuestra el ejemplo del glifosato, la presión ciudadana es clave para la protección de nuestra salud y medio ambiente en una Europa cada vez más alejada de su ciudadanía. Casi 200 poblaciones han prohibido el uso del glifosato en sus espacios públicos, como muestra este mapa.
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