El Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés) pasa el corte del Parlamento Europeo, gracias a los votos a favor del Partido Popular Europeo, los Liberales y una mayoría de Socialistas (los eurodiputados los PSOE también votaron a favor).
El TTIP sigue adelante sin hacer ruido, eclipsado por los últimos sucesos de Grecia. La gran coalición ha superado el escollo sobre los tribunales de arbitraje (ISDS, en inglés), que detuvo la votación hace un mes. Estos tribunales independientes resolverán las diferencias cuando, por ejemplo, una multinacional vea afectadas sus expectativas de beneficio por un cambio legislativo en un país. Por citar un par de casos, estos tribunales podrían hacer que un estado tuviera que compensar a una multinacional si el estado prohibiera la venta de productos con contaminantes hormonales o pagar a las multinacionales de fracking si prohibiese esta técnica. El 87% de los europeos están en contra de los ISDS, pero son una condición indispensable para Estados Unidos.
La Comisión Europea es quien negocia, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Pero en torno a la Comisión se mueven poderosos lobbies de la industria química, de plaguicidas o de plásticos que presionan en aspectos tan importantes como la regulación de las sustancias tóxicas. Eso revela el estudio «Una cuestión tóxica» de la periodista Stephane Horel y Corporate Europe Observatory (CEO). En el estudio quedan claras las tácticas de alarmismo, dilación y desacreditación que utilizan los lobbies para retrasar la legislación de los contaminantes hormonales (también llamados disruptores endocrinos) con el objetivo de que ni siquiera figuren en las negociaciones del TTIP.
El «libre comercio» no justifica la pérdida de nuestra salud, nuestro medio ambiente o nuestras condiciones laborales. Queda muy claro que este acuerdo no va a mejorar la vida de los europeos y es indignante que nuestros políticos lo apoyen.