La autorización de cualquier plaguicida se decide en secreto en un comité europeo. Nunca informan qué ha votado cada estado, una grave falta de transparencia que debe cambiar.
El secreto de los comités
El comité que decide que te expongas o no a un plaguicida se conoce como SCoPAFF (Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos). Puede que te suene porque fue donde se aprobó la renovación de uso de glifosato hasta diciembre de 2022.
El SCoPAFF es uno de los muchos comités compuestos por representantes de ministerios estatales a los que, por ley, se les otorga el poder de aprobar o enmendar muchas decisiones importantes propuestas por la Comisión Europea, incluidas decisiones relacionadas con la salud humana y el medio ambiente.
En el SCoPAFF, las y los ministros de agricultura de cada Estado miembro votan para decidir la autorización, renovación o fin de cualquier plaguicida en Europa.
Tras cada reunión del SCOPAFF se elabora un acta resumida con la decisión final (autorización o no). Pero en este acta se siguen manteniendo en secreto cuál ha sido el voto de cada estado.
Esta falta de transparencia de los comités permite que los Estados miembros se escondan para tomar decisiones de las que no quieren rendir cuentas ante sus habitantes.
El secreto a juicio
Como es La Comisión Europea el órgano que se niega a revelar las posiciones de los gobiernos en las votaciones, la organización Client Earth llevará a la Comisión Europea a los tribunales para acabar con este secretismo.
Tomarán como ejemplo un plaguicida cuyo futuro se está decidiendo en el comité, la cipermetrina, tóxico para las abejas, peces y insectos acuáticos, según la EFSA. Las actas del comité, única información que llega al público, revelan que algunos ministros cambiaron radicalmente de opinión a favor de la cipermetrina en el transcurso de 2020 pero sólo las personas presentes en el comité saben por qué.
Aunque el caso se basará en las decisiones sobre los plaguicidas cipermetrina y mancozeb el objetivo es sentar un precedente que asegure que las posiciones de los estados miembro en la votación no se mantengan más en secreto.
Un cancerígeno en tus fresas
Otro buen ejemplo en España es el del 1,3 dicloropropeno. Es un fumigante ampliamente empleado en el cultivo de fresas en España, a pesar de llevar años prohibido por ser cancerígeno.
A pesar de estar prohibido, en 2019, fue el tercer plaguicida más empleado en España gracias a las autorizaciones excepcionales de plaguicidas concedidas de forma fraudulenta por nuestro Ministerio de Agricultura.
Algo semejante ocurre con otro fumigante prohibido por su toxicidad, la cloropicrina, pero de ésta ni siquiera podemos saber la cantidad comercializada porque el Ministerio considera esta información sujeta a secreto estadístico.
En la reunión del SCOPAFF de julio de 2021, se volvió a votar otro nuevo intento de reautorizar estas dos sustancias prohibidas (que a menudo se usan en conjunto).
La sospecha de Ecologistas en Acción, ante la falta de información del comité SCoPAFF, es que España es uno de los tres estados que lleva una y otra vez la autorización de estos dos fumigantes para evitar tener que conceder más autorizaciones excepcionales.
Estas sustancias son tan extremadamente tóxicas, que hasta la propia EFSA se opone a su reautorización y la Comisión Europea ha manifestado su intención de no apoyar la autorización de estos dos plaguicidas. ¿Hasta cuándo seguirá empecinado el Ministerio de Agricultura en rociarnos con ellas?