La población europea, independientemente del partido político al que vote, quiere una mayor protección frente a los plaguicidas según una encuesta.
Encuesta de opinión sobre plaguicidas
La gente no quiere más plaguicidas, según la encuesta
Una nueva encuesta de YouGov realizada en Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Rumanía y España revela que la mayoría de la población de la UE apoya la eliminación gradual de los plaguicidas.
Como muestra la siguiente tabla, en España, el 68 % de la población quiere la eliminación de los plaguicidas: un 32% de forma inmediata y el 36 % restante quiere que se eliminen cuando haya alternativas.
A pesar de que el 68 % de la población española encuestada quiere que los plaguicidas se eliminen por completo, políticos españoles del PP, del PSOE y de Vox están apoyando las medidas de desprotección propuestas por la Comisión Europea en su Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos. Entre estas medidas se encuentra conceder aprobación ilimitada a multitud de plaguicidas y ampliar el tiempo que pueden seguir en el mercado una vez prohibidos.
Llama la atención que el 34 % de los votantes de Vox (por encima de la media española de 32 %) quieren la eliminación inmediata de plaguicidas ya que sus representantes en Bruselas son los más feroces defensores de la desregulación.
La gente quiere más control de los plaguicidas
La encuesta también deja claro que la población europea rechaza que las revisiones periódicas de seguridad de los plaguicidas, que suelen hacerse cada 10 o 15 años, se sustituyan por autorizaciones ilimitadas, como propone la Comisión Europea con el Ómnibus de seguridad alimentaria y de piensos.
Solo el 6% de la población española apoya la aprobación ilimitada de plaguicidas que eliminaría los controles periódicos cada 15 años. El 50 %, de hecho, quiere que los controles sean más frecuentes que los 15 años actuales.
La gente prioriza la salud y la biodiversidad
Para un elevado 75 % de la población española preguntada en la encuesta, la salud humana es el factor que debe priorizarse cuando se tome la decisión de mantener o no un plaguicida en el mercado.
El segundo factor en importancia es la calidad del agua (45 %) y el tercero, la protección de la biodiversidad (39 %).
Sin embargo, los políticos españoles y europeos argumentan la desregulación de los plaguicidas con argumentos que no son prioritarios para la población, como los costes de producción, factor al que dan importancia solo el 9 % de los encuestados, o el precio de los alimentos, que ha sido importante para un 15 % de la población que respondió la encuesta.
Con los plaguicidas, quien contamina, también debería pagar
La mayor parte de la población (40 %) cree que las empresas que fabrican y venden plaguicidas deben pagar los costes adicionales que causan sus tóxicos en lo referente a la descontaminación del agua potable, el cuidado de las enfermedades que causan y en la restauración de los ecosistemas que hayan destruido.
¿Qué intereses están defendiendo los políticos?
Queda claro que las personas que votaron a los 4 partidos mayoritarios en las últimas elecciones (PP, PSOE, VOX y Sumar) no quieren plaguicidas en su plato ni en su campo. Sin embargo, las y los eurodiputados conservadores y de extrema derecha, con el apoyo inestimable de miembros de los grupos S&D y liberales, están haciendo posible la eliminación de protecciones frente a los plaguicidas.
¿Por qué los políticos no escuchan a sus propios votantes? Puede que la respuesta sea que están copiando, literalmente, las propuestas de la industria de plaguicidas, como descubrió una reciente investigación.
La Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos
Si se aprueba este diciembre la propuesta de Ómnibus Alimentaria y de Piensos presentada en diciembre de 2025, las autorizaciones ilimitadas de sustancias activas de plaguicidas serán la norma y se concederá aprobación sin revisiones periódicas a 49 sustancias, entre ellas el herbicida glifosato.
Además, se restringirá el uso de los últimos datos científicos y aumentará la presencia de sustancias a las que ya no deberíamos exponernos debido a su elevada toxicidad.
Estos cambios han suscitado serias preocupaciones entre científicos, médicos y expertos de la ONU por los posibles riesgos para la salud humana, el medio ambiente y los derechos fundamentales.
Los eurodiputados deberían escuchar a las personas a las que representan y rechazar la propuesta ómnibus.
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