Denunciar el uso de plaguicidas puede llevarte a juicio, como ya ha ocurrido a dos activistas, en Francia y Alemania. El objetivo es intimidar y frenar el activismo social y ambiental. Pero no nos callarán.

*Actualización del 10 de noviembre de 2021. El Tribunal de Apelación de Burdeos no permitió que la activista Valérie Murat recurriera su condena por «denigrar los vinos de Burdeos» hasta que no pagara íntegramente la multa de 125.000 euros a la que había sido condenada, la mayor condena en Europa en un caso de este tipo.

Se trata de otro ejemplo de la estrategia global seguida contra el activismo social: silenciar cualquier voz, en este caso la que se opone al uso de plaguicidas, mediante grandes multas que nadie puede pagar.

Murat hace un llamamiento para obtener apoyo financiero y continuar la batalla legal, ya que sólo cuando pague la multa podrá recurrir.

Valérie Murat a la salida del juicio. Imagen de 3nuevaaquitania

125.000€ por denunciar el uso de plaguicidas

Un juzgado obliga a Valérie Murat a pagar 125.000€ como daños compensatorios, por denunciar el amplio uso de plaguicidas en los viñedos franceses.

Murat fue citada ante un tribunal de Libourne por hacer públicos unos análisis que mostraban la presencia de residuos de plaguicidas en los vinos de veinte fincas bordelesas de alto valor medioambiental.

Tras hacer públicos los análisis, el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos (CIVB) citó a Valérie Murat ante el tribunal de Libourne por, según ellos, denigración de los vinos de Burdeos.  Le exigió la retirada de la publicación y 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

Según CIVB, «el buen nombre de los vinos de Burdeos no debe mancharse».

Valérie Murat y su asociación también deben retirar los documentos relacionados con el análisis en cuestión del sitio web, Facebook y Twitter, en un plazo de 15 días, bajo pena de una multa de 500 euros por día.

Está claro que le quieren hacer pagar caro que hablase libremente sobre la naturaleza tóxica de las prácticas vitivinícolas convencionales en la región de Burdeos.

Por supuesto, Murat apelará la decisión. Pero este juicio es otra señal fatal para la libertad de expresión en Europa.

Estrategia contra la participación pública

La acción de la CIVB contra la Sra. Murat tiene todas las características de una demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP).

Estas demandas están destinadas a intimidar las denuncias públicas de periodistas, académicos y activistas que buscan el interés público en contra el de las grandes corporaciones. Cada vez más, la industria y los gobiernos están utilizando el poder judicial para silenciar a las personas críticas empleando estas demandas estratégicas.

Personas como Valérie Murat, que defienden los derechos fundamentales, la justicia social o el medio ambiente, se ven obligadas a dirigir sus recursos y tiempo a responder a estas demandas injustificadas e incluso pueden arriesgarse a la ruina financiera personal.

En opinión de la Comisaria Europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, «estas demandas amenazan la libertad de expresión y su número va en aumento en Europa».

La estrategia es clara: desmoralizar y arruinar económicamente a aquellas personas que alcen una voz crítica. La intención de los denunciantes no es corregir una declaración que consideran falsa o injustificada, sino dar ejemplo. Y de paso, intimidar.

No podemos permitir que estas quejas estratégicas creen un clima de miedo en el que nadie se atreva a abrir la boca y nombrar los abusos como tales. Por eso, Ecologistas en Acción ha apoyado a Valérie Murat.

Porque nuestra propia experiencia nos ha enseñado que sólo hay un remedio en la lucha contra las SLAPP: actuar juntas.

No es el primer caso

El Instituto de Medio Ambiente de Múnich también ha tenido que defenderse de una demanda semejante sobre el uso de pesticidas. El especialista en agricultura del Instituto, Karl Bär, fue citado a comparecer ante el tribunal de Bozen porque, durante una campaña informativa, criticó el uso de altas dosis de pesticidas en las plantaciones de manzanas del Tirol del Sur, lo que dio lugar a una denuncia contra el Ministro de Agricultura del Tirol del Sur, Arnold
Schuler, y con él más de 1300 fruticultores.

pero una estrategia de represión de las críticas indeseables mediante denuncias ante los tribunales puede tener exactamente el efecto contrario.

Bajo la presión de la sociedad civil, la Comisión Europea está encargando un estudio de viabilidad de una directiva para combatir el abuso de la justicia con este tipo de demandas. La decisión sobre dicha directiva, que deberá ser incorporada a la legislación de los Estados miembros, está prevista para el otoño de este año.